“La Interpretación Constitucional y sus límites desde la doctrina de Jorge Carpizo”

Por: Yann VERHEYE ASALDE

Abogado. Maestrista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos UNMSM. Fiscal Adjunto (P) Superior de Lima. Docente de USJB- Lima Norte.

I.-   Introducción:

La norma, una vez promulgada y publicada adquiere vida propia en el contexto legislativo coexistente desligándose de la intención de su creador y adquiriendo vigencia autónoma frente a futuros intérpretes y a las situaciones del porvenir.

La interpretación de la ley de conformidad con la Constitución se dirige a su armonización respecto de esta última después de haber sido interpretada a fin de evitar cualquier contradicción entre ellas; por ello, su efecto, obviamente es de la conservar la validez de la ley que, de lo contrario, habría sido declarada inconstitucional. Es en este sentido, que la aplicación de dicha técnica de interpretación debe de tener límites para extenderla a cualquier otro criterio de interpretación que no sea del texto expreso de la disposición interpretada siempre que del enunciado lingüístico resulte razonable inferir aquel sentido interpretativo constitucionalmente admisible.

Por ello, el presente trabajo, busca analizar los límites de la interpretación constitucional efectuada por los tribunales llamados a cumplir dicha tarea partiendo de los estudios que sobre el tema a efectuado el jurista mexicano Jorge Carpizo en su obra titulada “El Tribunal Constitucional y sus límites” con la finalidad de determinar el rol que este cumple en el ejercicio de dicha técnica y los límites expresos e implícitos a los que se encuentra sujeto.  

II.- El Tribunal Constitucional como instrumento de la interpretación de la   Constitución:

Desde Hamilton, la teorización de la interpretación de la Constitución y de las leyes fue atribuida a los Tribunales a quienes se les había conferido determinar su significado; llegando, luego, dicho pensamiento, ser plasmado en el fallo emitido por el Juez Marshall en el caso Marbury versus Madison. 

Bajo la misma premisa, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, define al Tribunal Constitucional como un órgano jurisdiccional de mayor jerarquía cuya función esencial o exclusiva es la de establecer la interpretación final de las disposiciones de carácter fundamental, posición que es compartida por Jorge Carpizo para quien dicho órgano, sin importar la denominación que reciba, es el instrumento de la jurisdicción creado para conocer y decidir en última instancia sobre los conflictos de interpretación de la Ley Fundamental a través de las garantías constitucionales-procesales.

En ese sentido, la función primordial del Tribunal Constitucional, es la defensa de la Constitución a través del control de la constitucionalidad de las normas y actos de los poderes constituidos así como de sus conflictos cuya decisión debe desprenderse de una interpretación correcta y adecuada de la Constitución estableciendo sus propios parámetros interpretativos con lo que cual señala el marco jurídico y político de la propia actuación de las autoridades, construyendo juicios de valor que, sin duda alguna, implican decisiones políticas.

Por ello, suele calificársele de gran defensor de los derechos humanos al encontrarse en una situación privilegiada para defenderlos de las arbitrariedades y violaciones; así como, de guardián o custodio de la Constitución. Sin embargo, pese a dicha aseveración, dependiendo de cada Constitución y sistema de gobierno, el Tribunal Constitucional no siempre es la última instancia de interpretación o decisión constitucionales ya que éste no es competente para conocer materias relacionadas al juicio político de responsabilidad, los estados de emergencia, la declaratoria de guerra, entre otros.

III.-La Interpretación Constitucional:

Los antecedentes de la existencia de normas jurídicas o principios con jerarquía superior a las demás normas del orden jurídico son muy antiguos. Ya desde el periodo clásico de Atenas se distinguió entre el nomoi- algo parecido a las normas que actualmente denominamos constitucionales- y pséphismata- normas secundarias o decretos-, posteriormente llegaron las concepciones medievales, la teoría francesa de la heureuse impuissance en el Antiguo Régimen, las ideas de Coke, la jerarquía de las normas en las colonias inglesas en América y una vez independizadas (sic).

Dentro de las diversas categorías que, sobre la interpretación constitucional existen, Carpizo alude a aquella de carácter axiológico o valorativo partiendo de la idea que la Constitución integra una serie de valores y principios de los cuales es posible extraer principios y normas implícitas que son importantes para normar diversos aspectos jurídicos, políticos y sociales; concluyendo, por ende, que la finalidad última de la interpretación constitucional de naturaleza finalista o axiológica es la de proteger y defender lo más valioso que existe para cualquier hombre: su libertad y dignidad.

Para lograr su objetivo, la interpretación valorativa, debe -por un lado- apoyarse en la teoría general del derecho para desentrañar la resolución justa, adecuada o certera que nazca de la obligación de una resolución jurídicamente correcta antes que de aspectos morales; es decir, ella no debe alejarse del universo jurídico convirtiendo al Derecho constitucional en Filosofía del Derecho; y, por otro lado- su fundamento debe descansar en las facultades constitucionales que se le atribuyen al Tribunal Constitucional, como: la creación de normas y principios susceptibles de ser reconducidos a la Ley Fundamental y la deducción de principios implícitos de los expresamente sentados en la Constitución: dignidad humana, libertad, igualdad, seguridad jurídica, etc.

Como ya hemos señalado líneas arriba, la labor del Tribunal Constitucional constituye por esencia una importantísima función política, enmarcada dentro de la Constitución, que se actualiza a través de la jurisdicción y con técnicas, metodología y parámetros jurídicos, sin desconocer los aspectos valorativos y axiológicos en su interpretación; pues dicho órgano, al trabajar con principios y conceptos constitucionales indeterminados de valor, muchos de los cuales no son explícitos o susceptibles de ser extraídos de otros que si lo son, debe enlazarlos con métodos jurídicos adecuados para alcanzar coherentemente las finalidades específicas que, con anterioridad, el poder constituyente inscribió en la Constitución.  

Así, dentro de las técnicas tendientes a dicha finalidad, se encuentra la denominada Ponderación mediante la cual el tribunal constitucional establece una jerarquía axiológica móvil que, debido a conflictos suscitados entre los principios, derechos e incluso valores, puedan darse; haciendo que unos primen sobre otros aplicándose o no en forma diversa y en atención a los diferentes casos. Del mismo modo, contempla al Principio de Razonabilidad como otra técnica creada y utilizada por dicho órgano que, al basarse en el principio de igualdad y no discriminación, tiende a esclarecer distinciones razonables o justificables dentro de las determinaciones discrecionales del legislador.

Así mismo, dentro de los diversos métodos y técnicas de la interpretación constitucional, hace alusión a la más usada por los tribunales y que es denominado Principio de Proporcionalidad el cual, en palabras de Markus Gonzáles Beilfuss, constituye un parámetro de control relacional y relativo, en que necesariamente tienen entrada elementos fácticos y temporales, aplicable a cualquier actuación de los poderes públicos que incida negativamente en un bien jurídico constitucional susceptible de restricción, y que tiene un contenido básicamente negativo, en el sentido de prohibir los regímenes jurídicos que no guarden la mínima relación de proporcionalidad respecto a la finalidad perseguida por los mismos.  

Según, Carlos Bernal Pulido, el Principio de Proporcionalidad persigue proveer soluciones para resolver adecuadamente los conflictos entre los derechos fundamentales y el interés general, a través de un razonamiento que contrasta intereses jurídicos opuestos para poder determinar si una medida restrictiva está justificada o es adecuada- no excesiva- respecto al fin que persigue.

IV.-Límites de la interpretación constitucional:

Es necesario resaltar, que poco se ha estudiado respecto de los límites del Tribunal Constitucional, y por ende de la interpretación que efectúa de la Constitución, por diversas razones entre las que destaca las de orden cronológico ya que, al comenzar la nueva moda de la creación de dichos órganos en la segunda posguerra mundial, las críticas fueron acérrimas y fuertes y hubo que defenderla con argumentos, y, por el contrario, existió en algunos sectores jurídicos y políticos una especie de enamoramiento con aquella idea como una panacea para que no se repitieran los horrores de los regímenes nacionalsocialistas y fascistas que desataron dicha conflagración.

Por ello, para estudiar los límites de la interpretación constitucional, debe partirse de la premisa respecto de la responsabilidad del tribunal constitucional en el ejercicio de las funciones tan delicadas puestas a su cargo sin que exista control alguno sobre éste o que tenga la obligación de rendir cuentas respecto de la forma de cómo las ha ejercido.

En ese sentido, el autor cuya obra se analiza, parte de la premisa de que el primer límite de la interpretación constitucional nace del interior del propio tribunal dividiéndolo, a efectos de su exposición, en causas atribuibles al perfil del magistrado y el procedimiento seguido para su elección. 

Sobre el perfil del magistrado, Carpizo enfatiza que este no necesita ser un especialista en cuestiones de orden constitucional o un jurista preparado para desempeñar el cargo de tan alta investidura; pues, en muchas ocasiones, su nombramiento está condicionado a los resultados de las negociaciones políticas llevadas a cabo entre los grupos que detentan el poder político exigiéndole, por ello, que tenga a la Constitución como única brújula y estrella polar en el desempeño de la función encomendada. Sin embargo, esta posición colisiona con la de Hans Kelsen para quien el Tribunal Constitucional debe integrarse con especialistas o juristas eminentes.

De lo expuesto, se puede inferir que el cargo de magistrado de tan alto órgano constitucional no debe servir para realizar clientismo judicial o político ya que en su perfil deben unificarse condiciones de imparcialidad y especialidad personales como humanas que traigan consigo valores como la independencia, fe en la justicia, sabiduría, valentía, moderación, humildad intelectual, honestidad y vocación pluralista. 

Por otro lado, respecto al Tribunal Constitucional en si, el jurista mexicano que nos ocupa ha precisado que en el campo de la interpretación constitucional, dicho órgano se encuentra impedido de:

-       Usurpar funciones que la Constitución atribuye a otros órganos mediante la creación de normas y principios que no se reconduzcan a ella;

-       Desequilibrar su interpretación de los principios y de las finalidades que el orden jurídico persigue: certeza y seguridad jurídica;

-       Ignorar el contexto social y político en que se encuentra;

-       No autolimitarse (self restraint) dejando que el activismo judicial sea desbordado: trazar una frontera entre el Derecho y la Política.

Respecto de los límites de la interpretación constitucional por parte de los tribunales encargados de dicha tarea, cabe recordar que, al habernos enseñado la historia política lo peligroso que es un poder ilimitado sea cual sea su naturaleza, todo poder constituido tiene y debe ser controlado para que se aseguren las libertades de las personas; por ello, la doctrina, ha clasificados a estos dentro de dos categorías:

a)      Límites expresos, principios fundamentales supremos de origen histórico contenidos en normas establecidas en forma explícita y directa en la Constitución que no son susceptibles de ser reformados ni alterados y que, por ende, son denominados “cláusulas pétreas o de intangibilidad”.

b)      Límites implícitos, principios que pueden inferirse del núcleo legitimador de la propia Constitución al no habérseles referido de manera expresa; implicando ello la existencia de un entramado de principios de carácter valorativo y de naturaleza tangible propio del sistema político adoptado por cada Estado.

En virtud a lo precedentemente esbozado, el Tribunal Constitucional, tiene como límites:

1)        Su propia competencia que primordialmente gira entorno a la interpretación de la Constitución, su defensa y el control de la constitucionalidad de las leyes y actos;

2)        El respeto a las cláusulas pétreas contenidas en la Constitución;

3)        El acatamiento de los principios y valores fundamentales que, aunque no se encuentren expresamente señalados, individualizan a la Constitución, también llamada “Constitución Material”

V.- Conclusiones:

En síntesis, en la doctrina Jorge Carpizo, los límites de la interpretación constitucional se encuentran en directa relación con los límites que los tribunales constitucionales tienen respecto del ejercicio de sus funciones debido a su propia naturaleza de órganos constituidos y que, como tales, solo deben ejercerlas de acuerdo con las facultades expresa e implícitamente señaladas en la Constitución; por ello, concordamos con sus palabras respecto a que todo poder constituido tiene y debe tener límites, ser susceptible de ser controlado para que se aseguren las libertades de las personas.